Este viernes, hace pocos minutos, fue remitido oficialmente el proyecto de ley de la reforma de la salud, desde la Secretaria General del Senado a la Comisión Séptima del Senado.
A partir de este momento, el proyecto ingresa formalmente a la Comisión Séptima del Senado, por lo que se espera la designación de ponentes para el debate.
Allí, desde marzo, tendrá que cursar su trámite legislativo y, de aprobarse, pasará a la plenaria del Senado. Se espera un trámite complejo porque pueden surgir grandes tensiones, debido a que hasta el momento el Gobierno Nacional no cuenta con el suficiente apoyo de las bancadas políticas.
Sin embargo, este año es definitivo para la propuesta del Gobierno, porque si no se aprueba en esta legislatura, el proyecto de ley se cae.
De acuerdo con Alejandro Gaviria, exministro de Salud, el Gobierno utilizará todas sus fuerzas para aprobar la reforma. “Están dispuestos a todo, porque de no hacerlo, políticamente quedarían como un Gobierno derrotado“.
El Gobierno logró en diciembre del año pasado la aprobación de la reforma de la salud en Cámara de Representantes tras 42 laboriosas semanas. El proyecto atravesó un extenso debate en el que la oposición trató, sin resultados, de frenar la discusión, mientras que los partidos gobiernistas batallaron para alcanzar los más de 94 votos que se requerían para la discusión de los artículos 122, 123 y 128, que eran de carácter estatutario y necesitaban votarse con mayorías absolutas.
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La sesión de ese entonces duró más de seis horas y se dedicó a debatir los últimos cinco artículos que quedaban de la iniciativa (42, 122, 123, 128 y 143), que se referían a algunos de los puntos más polémicos del proyecto. Entre ellos el artículo 42 que generó alarma por cambiar las reglas de juego en la contratación de los directores de hospitales y clínicas del Estado.
Los primeros en aprobarse fueron los artículos 122 y 123, de carácter estatutario. Estos están relacionados con las consultas previas y le entregan la capacidad al presidente Gustavo Petro para “expedir normas con fuerza de ley” que sean concertadas con las comunidades mediante consulta previa, para cambiar el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) además de regular en materia de “salud intercultural aplicable” en territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y del pueblo Rrom.
