El procedimiento administrativo que comenzó el Ministerio del Trabajo contra la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol tiene en alerta a las autoridades de este deporte. La causa, la negativa para comenzar la negociación de un pacto colectivo con los jugadores.
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó en septiembre de 2019, a nombre de más de 1.000 futbolista de 35 clubes profesionales, un pliego de diez puntos para una negociación colectiva, el cual fue desestimado por las autoridades de este deporte, al considerar que ellas no tienen el papel de empleadores.
Un auto expedido por el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo echa abajo el argumento y asegura que hay mérito para formular cargos a la Dimayor y a la FCF.
El Ministerio entiende que “el empleador directo de los futbolistas no es la FCF y la Dimayor, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social”.
Sin embargo, considera que “sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas que pueden ser sujeto de negociación colectiva, por esta razón, tendrían la obligación de iniciar las negociaciones”.
La sanción podría acarrear multas entre cinco y diez millones de pesos por cada día de mora en el comienzo de la negociación del pliego de peticiones. “Esperamos que la federación y la Dimayor en cualquier momento inicie las conversaciones en beneficio del espectáculo del fútbol, la hinchada y por supuesto los intereses de los futbolistas que al final son trabajadores”, dijo el viceministro de Relaciones laborales e Inspección, Edwin Palma.
Dimayor cita a asamblea extraordinaria para estudiar el caso
Ante este panorama, la Dimayor tomó una decisión: citó para este lunes a las 12 del día una asamblea extraordinaria de clubes para analizar la situación y decidir cuál será el siguiente paso ante el que, de hecho, es un ultimátum para comenzar a negociar.
“Desde hace años el Gobierno tiene un expediente abierto en el Comité de Libertad Sindical de la OIT por este caso. Hemos querido solucionarlo por la vía del diálogo social, pero ha sido imposible”, dijo el viceministro Palma.
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